Todo techo requiere su propio suelo

Eso es lo que ha planteado, muy razonablemente, Cándido Méndez en relación a la aprobada reforma constitucional según la cual se fija un techo al gasto público. El líder de UGT ha propuesto que, en compensación frente a esa medida de contención presupuestaria, se fije, del mismo modo, una cantidad mínima de recursos públicos que vaya destinada al mantenimiento del gasto social imprescindible para el mantenimiento del estado de bienestar.

En realidad, se trata de una obviedad que debería llevarse a cabo lo antes posible. Es lo más razonable y lo más justo. Ya que no nos van a permitir expresar nuestra opinión al respecto por la vía del referéndum, al menos deberían hacernos esa concesión: fijar unos mínimos, y que esos mínimos sean inamovibles a partir de ahora en todos los Presupuestos Generales del Estado, tanto en sanidad como en educación y en políticas de empleo, sin olvidar el sistema de pensiones, que es la base del nivel de vida de los jubilados.

De hecho, este tipo de iniciativas debería aplicarse a nivel europeo. El Pacto de Estabilidad Presupuestaria debería exigir, a todos los países de la Unión Europea, una cantidad mínima de gasto anual en políticas de protección social, de manera que aquellos países que no cumplieran esta condición fueran sancionados. Medidas como ésta son las que convertirían, de verdad, a Europa en una unión económica y política de carácter solidario y comprometida con el bienestar de sus ciudadanos. Porque el concepto de "estabilidad presupuestaria" no debería ser sino una causa y una consecuencia, un reflejo, en suma, de la deseada estabilidad social, y no lo que es en realidad: una forma de contentar a los mercados en detrimento de los trabajadores.